Cultura en el Meta: permeada por dudosa ortografía

Cultura en el Meta: permeada por dudosa ortografía

  

Al menos por quienes dirigen los principales cargos de la cultura en el Meta, y como lo hacen, no es difícil concluir que estamos en manos de dudosa ortografía.

Personas que han llegado a los cargos que orientan y dirigen las políticas culturales de nuestra región, no exactamente por méritos, conocimiento pleno ni idoneidad en el tema cultural. Menos con una visión clara de un asunto tan complejo, serio y definitivo para la suerte de un país y un departamento como los nuestros.

Seamos claros: a la dirección del Instituto de Cultura del Meta, de Corcumvi y de la Casa Departamental de Cultura del Meta Jorge Eliécer Gaitán, han llegado personas por directa palanca política.

Por supuesto que tienen los cartones y los requisitos técnicos exigidos para esos cargos, pero jamás la idoneidad real para desempeñarlos.

Y peor aún: se rodean de unos asesores que francamente dan grima, en general, pena en otros y temor en casi todos los casos.

En la Casa de la Cultura, por ejemplo, la directora es una querida y amable señora, de buena familia, de padres inmaculados, conocida en el club El Meta y en los círculos de la estrecha alta sociedad villavicense, pero no tiene —en la práctica— mucha idea de qué es dirigir una entidad como la que le ha encargado la señora Gobernadora. Mucho menos qué son las políticas culturales, y cómo diseñarlas e implementarlas. Con el agravante de que a la vez debe orientar la biblioteca pública más importante del Meta (la Eduardo Carranza). Pero, eso sí, muy obediente con sus jefes.

En este caso concreto de la Casa de la Cultura, donde caen goteras y a veces  no hay siquiera para papel higiénico, ni agua ni tinto, y les piden resmas de papel a los contratistas, sí tienen rubro suficiente para tener dos asesoras que nos cuestan cerca de $100 millones al año a los contribuyentes, es decir, ocho millones de pesos mensuales ($8.000.000). Ambas nombradas por el sistema de ‘politicracia’. La una para asesorar la parte jurídica, pero que es el alter ego de la directora (y del anterior director), y —según testimonios— es quien manda, hace y deshace en la institución; pero lo triste es su falta de idoneidad profesional en el tema que le debe ocupar en realidad: el jurídico. Reto a que revisen la clase de contratos que asesora y, se supone que redacta, como el ya famoso contrato 080-2016 de esa entidad, publicado aquí en Agenda Hoy (Vea “Contratación a dedo enla Casa de la Cultura de Villavicencio”) que lo plantea como de prestación de servicios pero cuyo objeto es la “compraventa de libros…”, entre muchas más incongruencias contractuales, como que va dirigido a beneficiar un(a) solo(a) proponente (el perfil exige que debe ser escritor regional pero también ¡biólogo marino!), y que su proceso completo (cotización, estudio del sector para prestación de servicios, estudio y documentos previos, y contrato) fue realizado con una diligencia extrema: en un solo día (el 30 de septiembre de 2016). Para citar un ejemplo nada más, que ya está en manos de las entidades de control.

La otra asesora, nombrada de idéntica manera, está para apoyar la gestión de la dirección. Además, vale mencionar, que la directora nos cuesta a los contribuyentes la suma de $120 millones al año. Eso, sumado a una llamada 'nómina paralela', por cuanto son OPS que cumplen funciones administrativas, la cual nos cuesta más de 100 millones de pesos al año.

Pobre Casa de la Cultura, que no solo tiene que soportar ese tipo de manejos sino que se está acostumbrando a ser asaltada, delante de los mismos vigilantes (Vea “Continúan los robos en la Casa de laCultura”).

En Corcumvi las cosas no son distintas. Primero porque se quiso imponer el nombramiento de un ingeniero sin perfil ni experiencia, pero íntimo del mandatario de turno; y segundo, porque luego de su frustrado intento, nombraron una abogada, tan querida, pero con el desconocimiento profundo que requiere una persona que dirija los destinos de un tema neurálgico e importante como el cultural; y no solo eso: que a la vez es la encargada de manejar la biblioteca pública de la capital metense. Y su sueldo nos cuesta cerca de $100 millones al año a los contribuyentes.

Y está asesorada por otra expresa cuota política: un muchacho amable, acomodado, ex candidato al Concejo de Villavicencio, con el único mérito en el medio, de haber sacado un lujoso CD de música llanera sin mucho alcance estético ni artístico, y que llegó sin idea de qué era una biblioteca pública por dentro. Y menos de políticas culturales, por supuesto. Pero eso sí, devenga una suma importante, que pagamos todos los contribuyentes.

En el Instituto de Cultura del Meta, el nombramiento de su director, que nos cuesta a los contribuyentes cerca de $150 millones al año, sin contar todos sus asesores, es un reconocimiento político de la Gobernadora a la región que le dio su triunfo: el Ariari. Si bien tiene los títulos exigidos, llegó a manejar dos mundos (tipo bipolar): de un lado el rostro público, donde aprendió rápido el discurso de la inclusión, de la participación colectiva, de la transparencia, la equidad y la apertura del sector; pero de otro, el real, donde, además de su lentitud y torpeza —que tiene atrasados todos los procesos del Instituto, que apenas arrancaron en este final de año, y no por falta de recursos sino de gestión y decisión—, todo lo ve y lo decide desde la óptica de las decisiones políticas de sus dos jefes, además de ser experto en marrullería, favorecer a unos pocos, y, de acuerdo con muchas denuncias de la gente, a atropellar a gestores, empleados y colaboradores. A imponerse al estilo ‘Patrón’ y no como jefe respetable, pues le temen pero no lo quieren de verdad más que sus contratistas y favorecido(a)s.

Y por espacio no profundizo sobre el aberrante caso del programa de promoción de lectura del Instituto de Cultura del Meta, y solo dejo estos datos: fueron nombrados a dedo y sin ningún tipo de convocatoria pública de méritos, 50 promotores de lectura que al menos en un 80% no cumplen con los mínimos perfiles —pero vienen de la campaña—, y que nos cuestan al mes $125 millones (sí, al mes), además de tres asesores para este solo programa, nombrados ídem, que nos cuestan $12 millones al mes (sí, al mes, hagan cuentas). Una asesora de las cuales tiene el mérito de haber sido esposa de un político amigo de los gobernantes, así ignore en profundidad el tema que coordina.

Esta es una breve reseña de la forma como se están manejando las instituciones culturales del Meta, que entre las tres mencionadas manejan más de $15 mil millones al año. Y uno se pregunta: ¿dónde están? Por algo los entes de control nacionales han puesto los ojos sobre el Meta. Esperamos prontos resultados.

Sin embargo, es triste decirlo, pero cada pueblo se merece lo que tiene. Y más si juntamos dos elementos: el manejo non sancto, de un lado, y el silencio cómplice que impera, del otro. Nos merecemos este destino.

Andrés Molano Téllez

Director Agenda Hoy

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