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Contraloría General de la Nación revisa polémico contrato de aviso metálico de Puerto López


Contraloría General de la Nación hará control fiscal

Octubre 21 de 2019

La Contraloría Departamental del Meta trasladó una solicitud de control fiscal a la Contraloría General de la Nación para ponerle lupa a un contrato de 110 millones de pesos firmado entre el municipio de Puerto López (Meta) y Diego Alejandro Gutiérrez, conocido como Diego Guti, cuyo objeto era la “intervención escultórica y muralista, identificador de Puerto López”, aviso metálico que fue instalado en el parque La Ceiba de dicha localidad.

El identificador fue instalado en el parque La Ceiba de Puerto López (Meta). 


Agenda Hoy conoció que la solicitud para que se investigue el contrato fue firmada por 11 habitantes de Puerto López, quienes consideran que no se trata de una obra de arte sino de un aviso con el nombre del municipio y cuyo valor habría sido inflado, si se compara con contratos similares, tal como lo había publicado este medio de comunicación al contrastar dicho contrato con trabajos públicos realizados en Villavicencio por menos de la mitad de lo acordado entre Diego Guti y la Alcaldía de Puerto López.

“Además del costo elevado, la contratación se hizo a dedo, como se suele decir cuando no hay ningún tipo de convocatoria. Se trató de una contratación directa, en la que Alcaldía argumenta que buscó a diferentes artistas, pero no hay pruebas ni documentos que demuestren que se hizo algún tipo de convocatoria”, escribieron los firmantes.

El contratista ya había argumentado a este medio que el costo obedecía a “cánones de precios” sus “propuestas escultóricas” y con base a experiencia y premios.

La solicitud de investigación al contrato fue enviada inicialmente a la Contraloría Departamental del Meta, pero esta hizo su respectivo traslado a la seccional nacional.

“Le informo que dicha petición fue trasladada a la Contraloría General de la Nación”, escribió Yenny Rubiela Mancera, contralora departamental, en carta dirigida al señor Apolinar Beltrán, gestor cultural y una de las personas que firmaron la petición.

Dicho traslado, según expuso la contralora en la carta, obedece a que “el contrato fue financiado con recursos del Sistema General de Participaciones - Comercio, Industria y Turismo”.





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