Dignidad
y decoro, por favor
Villavicencio, febrero 12 de 2020
JAIME FERNÁNDEZ MOLANO
ESPECIAL
PARA AGENDA HOY
Las dos palabras que inician el título
de esta columna no obligan acudir al diccionario, porque corresponden al
lenguaje habitual y al sentido común.
Eso es exactamente lo que se le solicita
a la señora Libia Díaz Cárdenas, quien funge como directora —a la fuerza desde
el primer día hábil de este año— de la Casa de la Cultura ‘Jorge Eliécer
Gaitán’ de Villavicencio.
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| Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán de Villavicencio. |
Y me explico: la mencionada funcionaria, quien había sido
nombrada el 17 de septiembre de 2017 por la junta directiva de esa entidad en
la administración anterior, es decir, bajo el gobierno de Marcela Amaya García (que
concluyó el pasado 31 de diciembre de 2019), y quien fuera nominada a título de
cargo de libre nombramiento y remoción,
fue la única funcionaria del gobierno departamental —con este tipo de rango— que,
al entrar el nuevo gobierno, no quiso presentar renuncia a su cargo, asunto que
por mera prudencia y discreción estaba obligada a hacer, precisamente por
tratarse de un cargo de este tipo.
Y es que aquí se habla de funcionarios que, por estas
características específicas, son nombrados como resultado de una plena
confianza que el nominador tiene sobre el nominado. Y son, precisamente de
libre nombramiento y remoción, para permitirle esa libertad a quien los nombra.
Sin olvidar, además, que deben representar unos lineamientos específicos en
temas de decisiones políticas y de directrices que respondan —como en este
caso— a los planes de gobierno específicos de cada gobernante.
Por eso, la actitud de la señora Díaz Cárdenas no
corresponde a la dignidad y el decoro mínimos que debe mostrar una persona con
un cargo similar, cuando la junta directiva de la entidad es presidida por un
nuevo mandatario que, como es lógico, llega con un equipo de su entera
confianza.
Y claro, no se trata de que estos cargos deban responder
a simples movimientos políticos. No. Porque, como ha podido ocurrir en el
pasado o en otros casos, es factible que el nuevo gobernante, teniendo en
cuenta excepcionales capacidades, idoneidad y resultados del personaje que
merezcan tenerse en cuenta, decida ratificarlo en su cargo. Pero a ojos vista
que este no es el caso, pues para nadie es un secreto que la señora Díaz Cárdenas
fue menos que una sombra grisácea y de ingrata recordación en la historia de
esta entidad, por su incapacidad de pensar, diseñar y ejecutar planes ambiciosos
y transformadores para una entidad maltrecha y con una difícil situación
jurídica, administrativa y financiera, que a todas luces requiere de un plan de
choque para reorientarla y salvarla.
En este punto es bueno señalar que la Casa de la Cultura
‘Jorge Eliécer Gaitán’ es una entidad oficial que tiene una junta directiva que
preside el señor gobernador y donde tiene asiento igualmente la directora del
Instituto de Cultura del Meta, entidades (Gobernación e Instituto) de las
cuales depende administrativa, política y financieramente la entidad.
Repito aquí, con el título: si la señora Díaz Cárdenas
tiene un tris de sensatez, de dignidad y de decoro respecto de la situación que
se presenta, lo menos que debería hacer era presentar su renuncia protocolaria,
y no intentar en vano aferrarse con leguleyadas a un cargo que no merece hace
mucho tiempo. Y menos en esta coyuntura protocolaria.
Es importante mencionar en este punto, que la actual
administración departamental ha sido muy prudente y discreta con el tema, pues
en primera instancia, y al ver que la señora Díaz Cárdenas no presentó su
renuncia protocolaria, la abordaron vía telefónica, y ella manifestó que no
renunciaba, y días después envió un oficio donde exponía unos argumentos
jurídicos para no hacerlo; oficio que la secretaría administrativa de la
Gobernación le respondió explicándole que sus argumentos no aplicaban, motivo
por el cual se rechazaban sus pretensiones.
Posteriormente, la funcionaria respondió con un oficio de
quince (15) folios radicado en la Gobernación y con copia a todos y cada uno de
los miembros de la junta directiva, donde no solo ratifica su posición (con
asesoría jurídica, por su evidente lenguaje y argumentos), sino que plantea que
ella es una persona vulnerable económicamente, que vive en extrema dificultad
económica y que, adicionalmente, es la responsable de velar por su anciana
progenitora enferma, postrada y en estado de invalidez. Y llega al extremo de
adjuntar allí fotos que en verdad —estas sí— vulneran la dignidad de su señora
madre.
Aquí, y solo para que no se nos pase, me permito un
comentario: creo que no será difícil, para quienes conocen su diario vivir, la
muestra permanente de su estatus económico y gustos estéticos y cosméticos,
concluir que estos últimos, patéticos y falaces argumentos de la mencionada
funcionaria para aferrarse al cargo, no solo se caerán de su propio peso en
cualquier tribunal con mediana sensatez, en caso de que plantee una demanda,
sino que hablan muy mal de la condición humana de alguien que es capaz de
exponer impúdicamente el honor de quien nos merece el mayor respeto en la vida.
Si ella considera que le asisten unos derechos (bastante dudosos,
por cierto), pues para ello están los tribunales; pero no puede seguir
perjudicando a la entidad.
Y cuando digo que perjudica a la entidad, es evidente que
la Casa de la Cultura ‘Jorge Eliécer Gaitán’ de Villavicencio, se encuentra
completamente paralizada en sus planes de acción, proyección, planeación
administrativa y financiera, y, por supuesto, en su orientación y dirección. En
lo que va corrido del año, la entidad no ha logrado pagar salarios ni los
mínimos compromisos administrativos. Está sin brújula, sin norte.
Este es un llamado para que se actúe ya frente a esta lamentable
situación y se defina de una vez por todas la suerte de la institución, que
hemos defendido siempre y que seguiremos defendiendo como patrimonio de la
institucionalidad regional.
Creo que la paciencia se agota, y que la junta directiva
(que no ha querido convocar la señora Díaz Cárdenas) deberá ser convocada por
el gobernador, para que se proceda a declarar insubsistente a la actual
directora enquistada y se nombre su reemplazo; todo, a la luz de las normas y
las leyes vigentes.
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