Instituto de Cultura del Meta admite «fragilidad institucional» y entrega millonario contrato a intermediario privado

Una pirueta jurídica de $1.500 millones en el Instituto de Cultura del Meta

Marzo 16 de 2026

En una maniobra que pone en riesgo los principios de transparencia y libre competencia, el Instituto Departamental de Cultura del Meta (IDCM) comprometió $1.525.320.000 de pesos de regalías mediante el contrato No. 160 de 2026, para siete laboratorios de creación artística en los municipios de Villavicencio, Cumaral, San Martín, Guamal, Cubarral, Castilla La Nueva, Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto Rico, Puerto Concordia, Restrepo, Acacías, El Castillo, El Dorado, Puerto López, Puerto Gaitán, SAn Juan de Arama, Mesetas, San MArtín, Granada y Fuente de Oro.

Bajo la modalidad de contratación directa, la entidad entregó «a dedo» la ejecución de sus programas de formación a la Corporación País Región y Desarrollo (Corpodesarrollo), utilizando una excepción legal que hoy genera serios interrogantes sobre la eficiencia del gasto público.

En Cabuyaro, aunque el contrato hablaba de laboratorios de creaciòn, algunos murales fueron pintados por los artistas talleristas, y no como producto de los talleres.

La irregularidad más grave de este proceso radica en su fundamentación legal. El Instituto justificó evitar una licitación pública amparándose en la causal para «trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales». Sin embargo, el contrato no se firmó con un artista de trayectoria única, sino con una persona jurídica (una corporación administrativa) que actúa como un simple intermediario logístico.

Según la Ley de Contratación Estatal y la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta excepción exige que el contratista sea un ser humano con un talento y estilo «único y excepcional» que lo haga irreemplazable. Al contratar a una corporación que, a su vez, es la única responsable de vincular al personal, el Instituto desdibuja la ley para favorecer la intermediación privada, permitiendo que un tercero maneje los recursos que deberían llegar directamente a los creadores.

¿Para qué es el contrato?

El contrato, que inició el 5 de febrero de 2026 con una duración de seis meses, tiene como objetivo la «activación de bienes y servicios culturales» a través de siete laboratorios de creación artística. El programa incluye formación en música (llanera, coral y banda sinfónica), danza Llanera (joropo), artes de circo y teatro y artes plásticas (muralismo).

Aunque el objetivo es fortalecer las capacidades de los actores culturales, las metas son modestas frente a la millonaria inversión: se planea atender a solo 900 beneficiarios directos. Esto significa que el departamento está invirtiendo aproximadamente $1.694.800 por cada alumno.

Al revisar el anexo técnico, se identifica que el Instituto de Cultura paga entre $990.000 y $1.170.000 por cada sesión de solo tres horas de instrucción.

El caso del muralismo es el más diciente. Por los laboratorios en municipios como Barranca de Upía, Cabuyaro y Cumaral, el Instituto de Cultura desembolsa $210.600.000. Y el contratista solo está obligado a entregar una pared intervenida de veinte (20) metros cuadrados. Es decir, el Instituto paga más de $2.1 millones por cada metro cuadrado de pintura.

Según el contrato, a cada uno de los siguientes artistas se les paga $42.120.000, por 16 talleres de tres horas ($1.170.000 la hora): Arlex Arango, Oveimar Viáfara, Alcibiades Peña, Ubeimar Márquez y Wilmer Corredor.

La propuesta: copiar y pegar

La falta de rigor técnico se hace evidente al comparar los documentos del proceso. La propuesta técnica presentada por la representante legal, Suleima Martínez Agudelo, es una transcripción literal, palabra por palabra, de las tablas y perfiles que el mismo Instituto redactó en su Estudio del Sector. No hubo diseño pedagógico original; el contratista simplemente firmó sobre lo que la entidad ya había estipulado.

Para justificar esta millonaria tercerización, el Instituto admitió por escrito una «fragilidad inherente» en sus procesos y una «gestión cultural debilitada». En lugar de fortalecer institucionalmente sus procesos, la administración optó por delegar su misión en un privado, asumiendo riesgos que la misma entidad calificó como «Extremos» y «Catastróficos» ante la posibilidad de que se suministre información errónea que varíe los resultados.

«Se ha constatado una fragilidad inherente en el ejercicio pleno de las práctias y procesos culturales que son escenciales para reconocer, enriquecer y dinamizar la diversidad cultural del Meta», explicó Heidy Johana Reyes, subdirectora operativa, en los estudios previos.

Con el contrato ya en ejecución y comprometiendo el presupuesto de regalías, queda la duda de si este proyecto busca realmente salvar el patrimonio o si es, en realidad, un mecanismo diseñado para ejecutar presupuesto rápido y «a dedo» bajo el escudo de una falsa exclusividad artística.