Así termina polémica por murales
Septiembre 24 de 2019
Arnold Hernán Rodas Sastoque, el contratista de los
murales del San José, tuvo que pagar el trabajo de los artistas, devolver $2’259.376
por sobrecostos en algunos materiales y la Contraloría encontró hechos
irregulares (hallazgos administrativos). Conozca en qué terminó la denuncia realizada
a través de este medio.
Los murales fueron pintados en el sector del San José, en Villavicencio. |
La Contraloría Departamental del Meta se pronuncia
respecto a las denuncias sobre irregularidades en el desarrollo del proyecto de
muralismo en el sector del barrio San José en Villavicencio, por el cual la Secretaría
de Gobierno del Meta pagó 45 millones de pesos a través de un contrato ejecutado
por Arnold Hernán Rodas Sastoque, conocido como SAS.
Respecto a que los artistas que intervinieron algunos muros
habían participado sin algún tipo de remuneración, y mediante engaños, creyendo
que se trataba de un festival de arte urbano con fines altruistas, el ente de
control aseguró que recibió ocho contratos de transacción suscritos entre el
contratista y el personal de apoyo, cada uno por $1’500.000, para un total de
12 millones de pesos.
Sin embargo, los pagos se hicieron el 15 de agosto, el 2
y el 3 de septiembre, cinco meses después de la denuncia hecha a través de este
medio.
Entre la lista de colaboradores, y quienes finalmente
recibieron un pago, se encuentran: Santiago Hernández Amaya, Diego Andrés Páez
Martínez, Nicolás Castro Henao, María Fernanda Cruz Moreno, Esteban Eduardo
Cadavid Cifuentes, Diana Ojeda, José Luis Barreto y Carlos Arturo Rodríguez
Rico.
En las denuncias hechas por algunos de los grafiteros,
también se mencionó el mal estado de los andamios y la no prestación de las
condiciones mínimas de seguridad, así como el no suministro de máscaras de
protección y de aerosoles.
Respecto a este punto, la Contraloría aseguró que recibió
16 facturas de materiales consignados en la propuesta económica y de estudio
previo del contrato. A través de dos facturas se estableció que algunos
aerosoles y boquillas fueron adquiridas a menor costo. Esto, agregó el ente de
control, “configuraría un hallazgo administrativo con presunta incidencia
fiscal por $2’259.376, por una gestión antieconómica por parte de la Secretaría
de Gobierno al cancelar al contratista $1’509.376 como mayor valor en la
adquisición de los bienes consumibles y $750.000 por concepto de alquiler a
andamios sin soporte alguno”.
Luego de este hallazgo, el contratista se vio en la
obligación de devolver los $2’259.376 el 17 de septiembre de 2019, “lo que
configura un beneficio de denuncia”.
Otra de las denuncias hechas por los grafiteros era el no
pago de seguridad social, pese a que era parte de la obligación contractual. La
investigación de la Contraloría estableció que se configuró un hallazgo
administrativo por las diferencias entre las fechas de ejecución del contrato y
los pagos al sistema de seguridad social.
Los grafiteros también habían denunciado que los diseños
no fueron hechos ni realizados con apoyo de la comunidad, como se establecía en
las obligaciones del contratista, sino que ellos mismos, como artistas, habían aportado
el diseño. Respecto a dicha denuncia, la Contraloría concluyó:
“De acuerdo a información que reposa en el expediente
contractual, en el mes de febrero se realizó una reunión con los líderes del
barrio para identificar los lugares más representativos del sector y los
posibles muros en los que se plasmarían los bocetos. De dicha interacción se
anexaron registros fotográficos y planillas firmadas por los habitantes del
sector de San José, que hicieron parte del proyecto de muralismo”.
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