Análisis jurídico revela posibles irregularidades
Abril 9 de 2024
Después de la celebración de los 184 años de Villavicencio, surge una controversia legal que pone en entredicho la transparencia y legalidad de los procesos de contratación. Un análisis jurídico detallado realizado por el abogado Edgar E. Ardila Barbosa, especializado en Derecho Público, arrojó luz sobre posibles irregularidades en uno de los contratos celebrados por el Instituto de Turismo de Villavicencio, dirigido por Andrés Camilo Barón Salazar.
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El contrato 037 del 4 de abril de 2024 fue establecido
bajo la modalidad prestación de servicios de apoyo a la gestión con la
Corporación País, Región y Desarrollo (Corpadesarrollo), representada
legalmente por Suleima Martínez Agudelo, por un valor de $542.924.000.
Uno de los puntos destacados por Ardila Barbosa es la
discrepancia entre la denominación del contrato y su verdadero objeto. Aunque
el contrato se titula como «apoyo a la gestión», los documentos previos y
el contenido del contrato mismo señalan claramente que su fin es la
contratación de artistas para presentaciones en el marco de la conmemoración
del aniversario 184 de Villavicencio (Ver Imagen 1).
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| Imagen 1. Propuesta presentada por el contratista. |
El análisis jurídico también resalta la exigencia de una capacidad
económica para la ejecución del contrato por parte del contratista, pero el
Instituto de Turismo de Villavicencio acordó un pago anticipado del 50% del
valor total del contrato, lo que sugiere una falta de coherencia en los
criterios de selección y contratación.
«Resulta
injurídico y se observa una deficiente gestión económica y contractual por parte
de su despacho al haber exigido en los documentos básicos de la propuesta que
debía presentar el futuro contratista, demostrar capacidad económica para ejecutar
el contrato, cuando en los documentos previos y en el contrato haya determinado
entregarle un pago anticipado por la suma de $271.462.000, equivalente al 50%
del valor pactado entre las partes», se lee en un oficio
radicado por el abogado y al que este
medio de comunicación tuvo acceso. Es decir, agrega, «el
contratista no cumplía con la capacidad económica que se exigía para presentar
oferta».
Además, se señala una posible violación de la ley en la
subcontratación de artistas a través de una persona jurídica, cuando la
legislación, según el abogado, establece que la contratación de trabajos
artísticos solo puede realizarse con personas naturales. Esto plantea
interrogantes sobre la idoneidad de la gestión económica y contractual por
parte de las autoridades responsables.
El abogado Ardila Barbosa insta a una revisión exhaustiva
de estos aspectos por parte de las autoridades competentes, y ha enviado copias
de su análisis al alcalde de Villavicencio y al Contralor Municipal para su
consideración. Además, concluye lo siguiente:
«Al
celebrar el contrato, que hoy es objeto de estudio por parte de mi despacho, se
evidencia una violación a la ley contractual y una ineficiente gestión fiscal
del patrimonio de la entidad».
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por
parte del Instituto de Turismo de Villavicencio.
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