Tribunal del Meta ordena investigar a Unillanos por maestría suspendida
Villavicencio, 3 de diciembre de 2025
El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Nº 1, puso en el ojo del huracán a la Universidad de los Llanos (Unillanos) al ordenar la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para investigar las graves irregularidades administrativas que permitieron el inicio y posterior aplazamiento de la IV Cohorte de la Maestría en Estudios Culturales.
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Aunque el Tribunal revocó un fallo de tutela que obligaba a la Universidad a reanudar el programa, enfocó su crítica en la negligencia institucional, al señalar una «falta absoluta de control» que resultó en perjuicios para una de las estudiantes, quien representa el sentir de varios de sus compañeros que pasan por una situación similar.
La controversia se originó cuando la estudiante, luego de inscribirse, solicitar un préstamo de $7.000.000 y pagar $5.729.388 por matrícula, cursó el 86% del primer periodo académico de la maestría. El proceso fue suspendido abruptamente en julio de 2025 bajo la justificación de que no se había alcanzado el número mínimo de estudiantes requerido para garantizar la viabilidad financiera del programa.
El Tribunal no pasó por alto que la suspensión fue el resultado de fallas internas de la institución. Las irregularidades descritas por el Consejo de Facultad que llevaron al aplazamiento del semestre «no se limitan únicamente a no haber alcanzado el número mínimo de estudiantes, sino que tiene un trasfondo mayor y un contexto de irregularidades que incluso rayan, al parecer, con actuaciones disciplinarias y delictivas».
La Sala de Decisión Oral Nº 1 fue categórica al advertir que la situación evidencia una «falta absoluta de control» al interior del ente universitario.
«No resulta admisible que se haga una oferta académica, se reciba formalmente la matrícula y se inicien las clases, sin que las autoridades se enteren de lo que está ocurriendo».
La Procuraduría debe investigar a los responsables
El fallo de segunda instancia ordenó la compulsa de copias ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se determine la posible incursión en faltas disciplinarias de «el o los servidores públicos a cuyo cargo está el control para evitar que ocurran situaciones como la que dio origen a esta tutela».
El Tribunal enfatizó que esta medida debe tomarse sin perjuicio de la compulsa de copias que ya debió haber ordenado el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Unillanos contra cualquier otro servidor que haya propiciado las irregularidades.
Aunque el Tribunal Administrativo del Meta decidió declarar improcedente la acción de tutela para la reanudación del programa, al considerar que el conflicto era de índole contractual y no se demostró un perjuicio irremediable que exigiera la intervención urgente, sí reconoció el daño causado a la estudiante.
La estudiante calculó sus perjuicios en $12.000.000, incluyendo intereses bancarios, gastos de desplazamiento y daños por el tiempo dedicado y la producción académica e intelectual.
Como única protección sustancial, la Sala amparó el derecho de petición, obligando a Unillanos a complementar en 48 horas la respuesta a la estudiante, decidiendo de manera razonada sobre los puntos faltantes de su reclamación y analizando nuevamente la posibilidad de la continuidad de la cohorte.
El fallo deja claro que, si bien la estudiante debe buscar ahora la reparación por la vía ordinaria, la institución pública será objeto de una investigación disciplinaria por sus fallas administrativas que permitieron iniciar un programa académicamente inviable.
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