Contratación por $2.451 millones para el Rosita Hoyos compromete presupuesto de 2026
Diciembre 8 de 2025
La Corporación Cultural Municipal de Villavicencio
(Corcumvi) abrió la licitación pública LP-001-2025 por un valor de $2.451
millones con el propósito de intervenir el Teatro Rosita Hoyos de Mejía, uno de
los escenarios culturales más representativos de la ciudad, que hoy se
encuentra en deterioro, con presencia de asbesto en la cubierta y sin un
sistema de seguridad contra incendios, según la justificación del proceso.
Aunque la necesidad de la obra es evidente por razones de
seguridad y salubridad, el diseño del proceso contractual deja algunas dudas
por las condiciones en que se está adelantando.
Uno de los aspectos más cuestionables del proceso es la
forma en que Corcumvi manipuló los tiempos legales para apresurar el trámite. A
través de la Resolución No. 181, la Corporación declaró administrativamente
varios sábados de noviembre y diciembre de 2025 como días hábiles.
¿Pero por qué es problemático? En la contratación
estatal, los días se cuentan como hábiles (excluyendo sábados y domingos) para
dar tiempo a las empresas a preparar ofertas complejas. Al obligar a que los
sábados se consideren días laborales, Corcumvi acorta de facto los plazos de estudio
para los proponentes. Esta medida la justifica Lucila Gómez, directora de
Corcumvi, como una necesidad «apremiante únicamente para adelantar trámites
contractuales», tal como se lee en la resolución.
Pero utilizar una herramienta administrativa para «ganar
días» reduce el tiempo real de análisis para un proyecto que exige el estudio
de obras de demolición de asbesto, renovación eléctrica e instalación de un
sistema de bomberos completo. Un cronograma artificialmente apretado dificulta
la participación de muchas empresas y favorece a aquellas que ya tenían
información o recursos preasignados.
La Corporación también justifica la urgencia de la obra con
la falta de mantenimiento preventivo, razón por la cual llevó a que ahora
Corcumvi tenga que recurrir a una vigencia futura por $951 millones, es decir,
casi el 40 % del contrato se pagará con recursos del presupuesto de 2026,
comprometiendo desde ya parte de las finanzas de la próxima vigencia.
También genera inquietud la exigencia de experiencia.
Corcumvi pide a los proponentes demostrar, mediante contratos anteriores,
experiencia en infraestructura cultural o patrimonial y en redes
hidrosanitarias y contra incendios, cada una por un valor mínimo del 50 % del
presupuesto total del proceso. Esta doble exigencia financiera obliga a las
empresas a ser líderes en dos nichos de mercado a la vez (restauración/cultura
y redes especializadas). Aunque la ley permite a las entidades combinar
requisitos de experiencia, la regla general para actividades secundarias suele
ser pedir la experiencia específica sin atarla a un valor porcentual tan alto
del total. Al exigir el 50% en ambos, Corcumvi reduce drásticamente el número
de constructores que cumplen, limitando la pluralidad y la selección objetiva.
A esto se suman exigencias técnicas que también han sido
consideradas desproporcionadas, como la obligación de contar con un
especialista hidráulico que, además de su formación profesional, debe tener un
posgrado en Gerencia de Proyectos y experiencia posterior a ese título. Si bien
la instalación de un sistema contra incendios requiere conocimiento
especializado, la exigencia de un título de gerencia para una función
esencialmente técnica podría excluir profesionales con amplia experiencia en
obra, pero sin formación administrativa.
Aunque la licitación otorga puntaje por el apoyo a la
industria nacional, este incentivo solo se reconoce por la compra de sillas de
auditorio y aires acondicionados, mientras que no se otorga ningún puntaje por
la vinculación de mano de obra colombiana o local, lo que deja en segundo plano
el impacto social del contrato en términos de empleo.
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