Contraloría General de la Nación hará control
fiscal
Octubre 21 de 2019
La Contraloría Departamental del Meta trasladó una solicitud
de control fiscal a la Contraloría General de la Nación para ponerle lupa a un contrato
de 110 millones de pesos firmado entre el municipio de Puerto López (Meta) y Diego
Alejandro Gutiérrez, conocido como Diego Guti, cuyo objeto era la “intervención
escultórica y muralista, identificador de Puerto López”, aviso metálico que fue
instalado en el parque La Ceiba de dicha localidad.
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| El identificador fue instalado en el parque La Ceiba de Puerto López (Meta). |
Agenda Hoy
conoció que la solicitud para que se investigue el contrato fue firmada por 11 habitantes
de Puerto López, quienes consideran que no se trata de una obra de arte sino de
un aviso con el nombre del municipio y cuyo valor habría sido inflado, si se compara
con contratos similares, tal como lo había publicado este medio de comunicación
al contrastar dicho contrato con trabajos públicos realizados en Villavicencio
por menos de la mitad de lo acordado entre Diego Guti y la Alcaldía de Puerto
López.
“Además del costo elevado, la contratación se hizo a dedo,
como se suele decir cuando no hay ningún tipo de convocatoria. Se trató de una
contratación directa, en la que Alcaldía argumenta que buscó a diferentes
artistas, pero no hay pruebas ni documentos que demuestren que se hizo algún
tipo de convocatoria”, escribieron los firmantes.
El contratista ya había argumentado a este medio que el
costo obedecía a “cánones de precios” sus “propuestas escultóricas” y con base
a experiencia y premios.
La solicitud de investigación al contrato fue enviada
inicialmente a la Contraloría Departamental del Meta, pero esta hizo su
respectivo traslado a la seccional nacional.
“Le informo que dicha petición fue trasladada a la
Contraloría General de la Nación”, escribió Yenny Rubiela Mancera, contralora
departamental, en carta dirigida al señor Apolinar Beltrán, gestor cultural y una de
las personas que firmaron la petición.
Dicho traslado, según expuso la contralora en la carta,
obedece a que “el contrato fue financiado con recursos del Sistema General de Participaciones
- Comercio, Industria y Turismo”.
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