Tercerización y engaños: polémica por presuntas irregularidades en II Encuentro de Bandas Musicales Urbanas

Contratación directa pone de nuevo al Instituto de Cultura del Meta en la palestra pública

Diciembre 23 de 2020

Artistas y gestores culturales denuncian que el contratista del II Encuentro de Bandas Musicales Urbanas, evento realizado de manera virtual los días 21 y 22 de diciembre, ofreció pagos entre uno y cuatro millones de pesos para la presentación de cada una de las bandas participantes, pero en el contrato oficial, la puesta en escena de las mismas agrupaciones fue legalizada, cada una, por 13 millones de pesos, a excepción del grupo de reguetón, que fue presentado por $8 millones.

Imagen del afiche oficial del encuentro.

El polémico contrato es el No. 161, firmado entre la Corporación para la Promoción y el Desarrollo Social de los Llanos (Corposocial), representada por Jhon Faver Álvarez, y el Instituto de Cultura del Meta, por 180 millones de pesos, para la presentación de 15 agrupaciones de música urbana.

Tarifas presentadas en el contrato para el pago de las bandas participantes.

Agenda Hoy consultó varias de las agrupaciones contratadas, algunas de las cuales confirmaron que fueron contactadas de manera directa, sin una convocatoria previa, en reuniones o llamadas en las que se les explicaba que los pagos oscilarían entre uno, tres y cuatro millones de pesos, porque el dinero restante iba a ser destinado para los gastos de logística y sonido.

Pese a que el contratista debería “garantizar los gastos de transporte, materiales e insumos de apoyo logístico”, varios de los consultados por este medio aseguran que no se justifica un descuento de 9 o 10 millones de pesos, por artista, como se habría hecho, además, cuando se trataba de exclusivamente de un contrato de presentación de servicios artísticos.

Otros músicos y gestores culturales han reprochado en redes sociales la falta de convocatoria pública para la realización del evento. Varios músicos de las bandas participantes confirmaron que, al ser contactados, se les pidió la mayor reserva y hasta la prohibición de algún tipo de publicidad previa al encuentro.

“Claramente, estamos ante un hecho de corrupción y el Instituto Departamental de Cultura, por su desconocimiento y falta de idoneidad con el sector artístico, no tuvo las herramientas para evitarlo. Nos encontramos ante una masacre cultural, en donde la cultura es un negocio para unos cuantos. Hechos como este no pueden quedar impunes y quiero insistir al Instituto Departamental de Cultura a que tome cartas e inicie procesos hacia el contratista", expresó un gestor cultural, quien prefirió omitir su nombre para evitar represalias.