Contratista también está en el ojo del huracán
Junio 14 de 2024
Édgar Enrique Ardila Barbosa, abogado y residente de Villavicencio, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Lucila Gómez Torres, directora de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (Corcumvi), en la que señala presuntas irregularidades en un contrato público destinado a la celebración del aniversario 184 del municipio.
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Lucila Gómez, directora de Corcumvi. Foto: Óscar Fabián Bernal. |
El contrato en cuestión, identificado como el número 042,
fue firmado el 5 de abril de 2024 entre Corcumvi y la Corporación País, Región y Desarrollo (Corpadesarrollo), por 167 millones de pesos para la prestación de servicios artísticos y culturales en el aniversario 184 de Villavicencio.
La denuncia resalta la inusual rapidez con la que se
desarrolló el proceso, lo que para el abogado se trataría de una práctica que
levanta serias sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
«Vale la pena estudiar, que tanto el análisis del sector,
el estudio previo, la resolución que justifica la contratación directa y el
contrato, todos tengan fecha del 05 de abril, es decir, es una contratación
exprés, cuando apenas la invitación a presentar oferta se llevó a cabo el 04 de
abril», puntualizó.
Es decir, dicha invitación se realizó antes de la publicación
de los estudios y el análisis, cuando lo lógico y obvio, agrega el abogado, «es que
primero existan estos documentos y luego sí se invite a presentar propuesta».
Otro de los puntos más controvertidos es la naturaleza
del contrato. Aunque, según el denunciante, inicialmente se justificó como una
prestación de servicios profesionales, la documentación finalmente lo
categoriza como un contrato de servicios artísticos y culturales, que detalla
incluso los artistas a contratar y sus respectivos honorarios sin un estudio de
mercado que respalde dichos valores. Este tipo de contratación, agrega Ardila, solo
puede realizarse con personas naturales, no jurídicas.
«La ley contractual es clara: los contratos de prestación
de servicios artísticos deben celebrarse únicamente con individuos, ya que solo
las personas naturales poseen los talentos artísticos específicos requeridos»,
explicó el abogado en su denuncia.
Según el abogado, esta no es la primera vez que la dirección
de Lucila Gómez Torres recurre a prácticas similares, lo que sugiere un patrón
de comportamiento que podría estar destinado a burlar la ley de contratación.
Este medio de comunicación le preguntó a Lucila Gómez,
directora de Corcumvi, sobre la denuncia por la presunta celebración indebida
de contratos. Al respecto, la funcionaria respondió:
«Los hechos a los que hace referencia el abogado Édgar
Ardila son posturas jurídicas propias de su profesión, pero el equipo jurídico
de la Corporación y el abogado que lideró el proceso mencionado por el doctor
Ardila no las comparten. Las razones para escoger la modalidad de contratación
fueron señaladas en el estudio previo publicado en el SECOP II. Conforme a
ello, se considera jurídicamente viable la contratación de una persona jurídica
acudiendo a esta modalidad de contratación directa y más aún cuando esta es
representante de artistas».
El contratista
Agenda Hoy revisó los procesos
contractuales más recientes en las entidades descentralizadas de la Alcaldía de
Villavicencio y la Gobernación del Meta. Durante esta revisión, se encontró que
Corpadesarrollo, la contratista señalada en la denuncia, ha obtenido una serie
de contratos multimillonarios en los institutos de Cultura y Turismo del Meta
en los últimos años, consolidándose como uno de los principales beneficiarios
en estos sectores.
Asimismo, desde el inicio del gobierno de Alexander
Baquero, alcalde de Villavicencio, la empresa ha iniciado relaciones mediante
contratos directos tanto en el Instituto de Turismo de Villavicencio como en
Corcumvi.
Además, Corpadesarrollo, dirigida por Suleima Martínez Agudelo, ha sido objeto de controversia debido a dos contratos recientes y altamente polémicos. El primero, adjudicado a través del Instituto de Turismo del Meta, para la contratación de dos artistas en la celebración del 184 aniversario de Villavicencio, por un monto de $345 millones, incluyendo recursos destinados para un festival en Vichada, que terminó en la lupa de la Contraloría. Y un segundo contrato, gestionado por la Alcaldía de Puerto Gaitán, para servicios logísticos en el reciente Festival de la Cachama, por una suma que supera los $2.000 millones de pesos. Estas transacciones han suscitado serias dudas y generado un intenso escrutinio público.
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Agenda Hoy también le preguntó
a Lucila Gómez, directora de Corcumvi, sobre las razones detrás de la
contratación directa de Corpadesarrollo, en medio del contexto señalado. La
directora concluyó:
«Conforme al análisis del equipo jurídico, no son
impedimento para contratar con esta Corporación más allá de las polémicas que
han planteado los diferentes medios de información en la contratación con otras
entidades. Conforme a lo anterior, la escogencia y la modalidad de contratación
se definió en el estudio previo publicado en la plataforma de contratación
SECOP II».
Espere en un próximo informe una reveladora
investigación sobre cómo se ha expandido la red de contratistas de los
Institutos de Cultura y Turismo del Meta, infiltrando también la administración
municipal. Descubra cómo se estarían compartiendo documentos de empresas de
papel para beneficiar a los mismos actores dentro de esta red de contratistas.
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