Villavicencio: contrato por $20.300 millones arranca sin obras visibles y con la mitad de los recursos sin detallar
Mayo 16 de 2026
El 2 de marzo de 2026, la Alcaldía de Villavicencio firmó
el acta de inicio del Contrato Interadministrativo No. 2074. El proyecto, por
$20.300 millones, busca intervenir el barrio San José y el caño Gramalote, en
la Comuna 2. Sin embargo, semanas después de ese paso formal, no hay evidencia
pública de inicio de obras, ni reportes de avance, ni anuncios sobre los
contratistas que ejecutarían los trabajos.
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| Barrio San José en Villavicencio. Fotos: Óscar Fabián Bernal / Agenda Hoy |
El contrato fue firmado con la empresa pública Piedemonte
E.I.C.M. mediante contratación directa. Esto significa que no hubo licitación
abierta. En cambio, el municipio delegó la ejecución a esta entidad, que a su
vez puede subcontratar bajo reglas más flexibles.
Un contrato que avanza en el papel
Aunque el contrato ya está en marcha jurídicamente, en
terreno no se observan intervenciones ni frentes de obra instalados. Tampoco se
han hecho públicos cronogramas detallados ni actas de inicio de subcontratos.
Los costos administrativos son uno de los puntos
centrales. El contrato establece que el 31% de los costos directos iniciales se
destina a administración, lo que equivale a $3.288 millones. A esto se suman
$503 millones por la gerencia del proyecto y $1.211 millones para la
interventoría.
En total, cerca de $5.000 millones están comprometidos en
gestión y supervisión. Es decir, una parte importante del presupuesto no va
directamente a la obra.
$10.000 millones sin detalle
Otro elemento clave es una provisión de $10.000 millones,
definida como «obras complementarias». Este monto representa casi la mitad del
valor total del contrato.
En los documentos contractuales, este dinero no tiene un
desglose específico, no se detallan actividades, cantidades ni precios. Se
trata de una bolsa que se usará a medida que avance el proyecto, dependiendo de
necesidades que aún no están definidas.
El proyecto comenzó sin diseños completos. Según la documentación oficial, los estudios están en una fase preliminar. Aun así, el contrato prevé que los diseños se elaboren durante los primeros meses, mientras se adelantan otras actividades.
Por ejemplo, se asignaron $3.000 millones para compra de
predios, aunque los planos todavía pueden cambiar cuando se hagan los estudios
de detalle. Este tipo de esquemas suele implicar ajustes durante la ejecución.
El plazo total es de 16 meses, tiempo en el que se deben
diseñar y construir las obras.
Un modelo que ya se repitió
Este no es el único contrato reciente bajo este esquema
en Villavicencio. La Alcaldía también puso en marcha la intervención de la
Avenida Catama (Calle 35), por $30.300 millones.
En ese caso, también se firmó un convenio con Piedemonte.
Por la gestión del proyecto, la entidad recibió $827 millones. Luego, la obra
fue subcontratada a una empresa privada por más de $27.800 millones, con un
anticipo del 30%.
Además, más del 90% de ese proyecto se financia con
crédito, y los costos indirectos (administración, imprevistos y utilidad)
superan el 36% del valor de la obra.
Al igual que en la Comuna 2, ese contrato permite iniciar
trabajos mientras los diseños definitivos aún están en elaboración.
Los dos contratos comparten características, no hubo
licitación pública, la ejecución se delegó a una empresa pública que
subcontrata, hay una alta proporción de costos administrativos y los diseños no
estaban completamente definidos al inicio.
En el caso del contrato por $20.300 millones, se suma un hecho verificable: aunque ya tiene acta de inicio, no hay obras visibles ni información pública sobre su avance.
Leer también: "$30.300 millones para tramo de la Avenida Catama: endeudamiento e intermediación".
Lo que sigue
El proyecto en la Comuna 2 busca resolver problemas de
inundación y mejorar el espacio público. La necesidad de la intervención es
clara.
Lo que aún no es claro es cómo se ejecutarán los
recursos. Con una parte importante del presupuesto sin detallar y sin avances
visibles hasta ahora, el seguimiento al contrato dependerá de la información
que se haga pública en los próximos meses y del control que ejerzan los
organismos de vigilancia y la ciudadanía.



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