El regalo de la Alcaldía a periodistas terminó en hallazgo disciplinario de la Contraloría

Contraloría de Villavicencio advierte posible sobrecosto y hallazgo disciplinario

Julio 29 de 2026

La Contraloría Municipal de Villavicencio emitió informe definitivo sobre el contrato 2077 de 2026, suscrito por la Alcaldía de Villavicencio para la celebración del Día del Periodista. El organismo de control estableció un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por el débil seguimiento de la supervisión contractual, a cargo de Juan Carlos Aguilar Vásquez, secretario de las TIC y supervisor del contrato.

Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, en el Día del Periodista.

El contrato, por valor de $93.379.750, tenía como objeto la prestación de servicios logísticos para fortalecer la relación institucional con los medios de comunicación, reconocer su labor y generar espacios de interacción estratégica.

De acuerdo con el informe definitivo, aunque el evento se realizó en febrero, para mayo de 2026 el contratista Eduar Andrés García Leiva no había presentado formalmente ante la supervisión los registros de ejecución, planillas de pago, cuenta de cobro, informe consolidado de actividades ni soportes requeridos. La Contraloría señaló que el contrato tenía como fecha inicial de terminación el 11 de febrero de 2026, pero tres meses después no existían soportes suficientes que permitieran verificar plenamente la ejecución contractual.

Uno de los puntos centrales del informe fue la compra de 255 power banks (baterías de carga) de 10.000 mAh, incluidas en el contrato con un valor unitario de $143.000, para un total de $36.465.000. La Contraloría solicitó cotizaciones a dos empresas locales, Inversiones Asdisan SAS y Distribuciones Topalxe SAS, y encontró que el promedio de mercado era de $109.500 por unidad, lo que representa una diferencia de $33.500 por cada dispositivo.

Estos son el modelo y la marca de las baterías de cargar entregadas a los periodistas.

Con base en ese análisis, el organismo de control calculó una diferencia total de $8.542.500 frente al valor ofertado en el contrato. Aunque aclaró que no se ha realizado pago alguno al contratista, advirtió la existencia de un riesgo potencial de presunto daño patrimonial si se llegara a efectuar el desembolso sin resolver las diferencias detectadas en el precio de los elementos tecnológicos.

La Contraloría también revisó la polémica sobre los supuestos 280 operarios logísticos mencionados en los estudios previos. Según el informe, en los documentos iniciales firmados el 22 de enero de 2026 por Juan Carlos Aguilar Vásquez aparecía esa cantidad de personal, pero en la aceptación de la oferta el número se redujo a cinco operarios. El supervisor explicó que se trató de un error formal de transcripción y el organismo de control concluyó que la cifra de 280 resultaba «completamente ilógica» frente al alcance real del evento.

Pese a ello, el informe definitivo fue enfático en señalar que la supervisión no ejerció un control estricto sobre la ejecución contractual. La Contraloría indicó que no existe soporte de amonestaciones, llamados de atención o inicio de procesos por incumplimiento contra el contratista, pese a la ausencia de informes, soportes de entrega, registros fotográficos y planillas relacionadas con los elementos contratados.

La celebración del Día del Periodista en las instalaciones de la Finca Chiriguare, ubicada metros adelante de la entrada al barrio Porfía de Villavicencio.

Otro punto relevante es que las power banks debían ingresar al Almacén Municipal antes de su entrega, según las obligaciones específicas del contrato. Sin embargo, el informe indica que no fueron debidamente inventariadas ni registradas, y que la administración argumentó inicialmente que el almacén se encontraba en remodelación, lo que impedía acceder a la documentación solicitada.

La Tesorería Municipal certificó que, hasta el 8 de julio de 2026, no se evidenciaba ningún pago realizado al contrato 2077 de 2026 y que en SECOP II tampoco aparecía cuenta de cobro radicada para cobro y pago posterior. Con esa información, la Contraloría ratificó el hallazgo y dejó constancia de que el contrato será objeto de seguimiento en la auditoría financiera, de gestión y resultados de la vigencia 2026, programada para el año 2027.

El hallazgo quedó clasificado como administrativo y con presunto alcance disciplinario, sustentado en posibles vulneraciones a la Ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 489 de 1998, relacionadas con los deberes de los servidores públicos, la supervisión contractual, la vigilancia permanente de la ejecución de los contratos y los principios de la función administrativa.

La decisión de la Contraloría confirma que la publicación periodística de Agenda Hoy, en la que se exponía el costo de la celebración, dio lugar a una actuación de control fiscal que encontró fallas en la supervisión del contrato y alertó sobre un posible sobrecosto en los incentivos entregados a periodistas. Si bien hasta ahora no se configura detrimento fiscal porque no ha habido pago, el organismo de control dejó abierta la vigilancia sobre el contrato y advirtió el riesgo que representaría cualquier desembolso sin los soportes suficientes.

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