Los hechos se dan en emergencias sanitaria y económica
Abril 5 del 2020
Dos de las funcionarias de la Casa de la Cultura Jorge
Eliécer Gaitán de Villavicencio, con entre 5 y 17 años de antigüedad laboral,
fueron removidas de sus cargos en medio de la crisis económica por la que atraviesa
el país en tiempos de la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).
El 12 de marzo, el Ministerio de Salud declaró la
emergencia sanitaria en el país, y el 17 del mismo mes, el Gobierno Nacional decretó
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Pese a lo anterior, un
día después de esta última medida, una de las funcionarias fue removida del
cargo, y 13 días después, su compañera corrió con la misma suerte, lo que
podría ser catalogado como vulneración a los derechos fundamentales en tiempos
de crisis y al derecho a la estabilidad laboral reforzada, por ser
una de ellas madre cabeza de hogar.
Martha Romero, secretaria de la dirección de la Casa de
la Cultura, trabajó hasta el 18 de marzo, mientras que Fainory Prieto,
secretaria de la Escuela de Artes, lo hizo hasta el 30 de marzo, luego de ser
notificadas que sus cargos habían terminado.
Según resoluciones emitidas por Libia Díaz Cárdenas,
directora de la Casa de la Cultura, el retiro de sus cargos obedece a que a se
trataba de nombramientos en encargo y provisional, cuyas vacantes se habían
puesto a disposición mediante concurso público por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
En el caso de Martha Romero, el puesto fue ocupado por Gugliola
Romero, quien ganó el concurso abierto de méritos, mientras que el de Fainory
Prieto fue ocupado por Gineth Pérez, quien deja su cargo en el área de
proyectos, por ser este temporal, para ocupar el de secretaria de la Escuela de
Artes. Guido Armando Rodríguez, otro de los ganadores del concurso, pasó a
ocupar el del área de proyectos. En junio también saldría la auxiliar contable.
Pese a que los funcionarios conocían que los cargos
serían ocupados mediante concurso público, nunca imaginaron que la remoción de
los mismos llegaría en medio de la crisis económica en tiempos de
pandemia, sin tener en cuenta las medidas de protección al mínimo vital y sus
años de antigüedad, que en el caso de una de las funcionarias es de casi dos
décadas.
Según lo dicho por Ana María Amado, directora (e) de la Escuela
Nacional Sindical, el Estado debe asumir esa carga en virtud del principio de
Solidaridad establecido en la Constitución Política, la cual dicta que todas
las personas públicas y privadas deben implementar acciones humanitarias ante
situaciones como la que atraviesa hoy el país a causa de la pandemia. Luego, “deberían
realizarse los ajustes contractuales necesarios para garantizar la renovación o
prórroga con el fin de no dejarlos desprovistos de su derecho al mínimo vital”.
La especialista sugiere elaborar una acción de tutela, “toda
vez que la coyuntura del covid-19 generará un perjuicio inevitable que hace
necesario que con urgencia se amparen los derechos fundamentales al trabajo, a
la dignidad humana y al mínimo vital”. Además, en caso de que el contratista sea
un sujeto de especial protección constitucional, sugiere “solicitar el amparo
denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales”.
Lo que llama la atención entre algunos de los funcionarios
de la Casa de la Cultura, quienes prefirieron omitir sus nombres, es que la
directora, Libia Díaz, no haya tenido en cuenta dichos principios, pero sí se
siga aferrando a su cargo argumentando su derecho a la pensión.
La directora de la Casa de la Cultura ha sido fuertemente
criticada por el manejo que le ha dado al ente cultural y por dilatar la
elección y el nombramiento de quien debió haberla reemplazado en enero tras el
cambio de Gobierno departamental.
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